Tiêu đề Resumen Módulo 1 - Drogadependencia - Marina.pdf ✅

• • • 1 En nuestro país, en 1924 y 1926 se crean las primeras leyes que penalizan la venta y entrega de alcaloides (sustancias psicoactivas) sin receta médica y se penaliza su tenencia injustificada (Leyes 11.309 y 11.331). Todas estas leyes iniciales eran un reflejo de las políticas prohibicionistas que se estaban aplicando sobre todo en los EE.UU. En aquel entonces, en Argentina no existían problemas visibles con el consumo de sustancia psicoactivas ilegales, pero resultaba “moderno” para el legislador imitar este tipo de leyes de “vanguardia”. Las sustancias/drogas psicoactivas, tienen la capacidad de alterar la conciencia, el estado de ánimo o el razonamiento de una persona. Actúan en mecanismos del cerebro que normalmente regulan las funciones del estado de ánimo, el pensamiento y la motivación. Recién en 1972 se creó institución dedicada exclusivamente a diseñar y dirigir una Política Nacional sobre drogas: la Comisión Nacional de Toxicomanías y Narcóticos (CONATON), bajo el Gobierno del Gral. Lanusse, la cual dependía del Ministerio de Bienestar Social de aquella época. CONATON tenía como objetivo construir una verdadera política superadora: “La investigación, educación, prevención, asistencia, legislación, y represión de las toxicomanías” que no sean únicamente intervenciones estatales que hacían referencia a qué drogas estaban permitidas y qué otras prohibidas. La represión de las drogas y la educación sobre estas estaban en manos de una misma institución. Esto fue todo un síntoma en la construcción de una mirada en nuestro país, que tendió a confundir la lucha contra el narcotráfico y la respuesta desde la salud pública a los consumidores de drogas. tenía la visión de que las drogas influían sobre la “ideología de la juventud”, lo que hacía que los jóvenes se encauzaran hacia grupos de pensamiento de izquierda que, para entonces, resultaban amenazantes para el orden social pretendido. Paradójicamente, distintos testimonios de la época explican que los grupos de izquierda de aquel entonces (por ejemplo, Montoneros, Partido Revolucionario de los Trabajadores, Ejército Revolucionario del Pueblo) estaban también en contra de la utilización de drogas en sus miembros por cuestiones ideológicas, ya que consideraban que el uso de marihuana o de otras drogas ilegales eran una práctica “cipaya” (congruente con intereses y estilos extranjeros). Esta primera visión de vincular al militante político y al usuario de drogas contribuyó a la construcción del estigma sobre el consumidor y le otorgó una identidad de peligroso, de delincuente y de amenaza social. En 1985, asumió el Gobierno democrático de Raúl Alfonsín, se creó en lugar de la CONATON. Nuevamente, en una misma institución se concentraban la política sobre la oferta y la política sobre la demanda de drogas.  Las políticas sobre la oferta de drogas: la estrategia de gobierno tendiente a abordar el problema de la producción, tráfico, distribución y venta de drogas, y sus problemas asociados: lavado de dinero, violencia asociada, etc. Las políticas sobre drogas deben diferenciar claramente las estrategias y actores comprometidos con la oferta de drogas de aquellas y aquellos comprometidos con la demanda de drogas. Confundir estos dos niveles contribuye a que predomine la mirada de seguridad, por sobre la de salud pública en este tema.
• • • 2  Las políticas sobre la demanda de drogas: la estrategia gubernamental tendiente a prevenir el consumo, asistir a los usuarios problemáticos, y reducir el daño que provoca el uso de drogas tanto en sus consumidores como en terceros. En nuestro país distintos gobiernos en distintas épocas respondieron al problema del consumo de drogas de manera diferente. La Comisión Coordinadora para el Control del Narcotráfico y Abuso de Drogas del Gobierno radical hizo:  Esfuerzos por tratar el consumo de drogas como un asunto sociosanitario integral, no como un problema ideológico, como había sucedido con Lanusse.  Estableció un convenio con entidades extranjeras financiado por la ONU.  Y se creó, por primera vez, una escuela de formación sobre el modelo italiano de comunidades terapéuticas de rehabilitación. Esto, a la vista de la propuesta actual, era muy puntual y limitado, porque solo se ocupaban del adicto en su fase última, cuando casi lo único que le quedaba era internarse, pues lo había perdido todo o casi todo. Hoy en día, las políticas integrales sobre consumo de drogas consisten en estrategias amplias e implementadas desde el paradigma de la salud pública. En los 80’ se aceptó por primera vez que Argentina había dejado de ser un país de paso de las drogas ilícitas para convertirse en un país de consumo. A pesar de que no existían en nuestro país estudios epidemiológicos válidos que dieran cuenta de cuál era el estado de situación sobre el consumo de drogas, había interés en resignificar la identidad del consumidor para que no fuera visto como un delincuente subversivo, y pase a ser visto como un ciudadano con derechos civiles que proteger. En aquellos años se estaba bajo la ley 20.771 del CP, en la cual se penalizaba con prisión o tratamiento compulsivo la tenencia de drogas para uso personal. En este contexto, la Corte Suprema, en el fallo Bazterrica (1986), sentó un antecedente importante: consideró inconstitucional penalizar la tenencia de drogas para uso personal y privado. Otro avance de aquella época fue el dictado de la Ley 23.358 de 1986, a través de la cual el Poder Ejecutivo nacional por Intermedio del Ministerio de Educación y Justicia incluyó en los planes de estudios primarios y secundarios contenidos para “establecer una adecuada prevención de la drogadicción”. El uso de drogas siempre fue funcional al imaginario social para crear poblaciones marginales y estigmatizadas. Los historiadores muestran como el alcohol fue aceptado en los EE.UU. por ser la “Droga del hombre blanco”. En cambio, la marihuana fue rechazada por haber sido la sustancia de los mexicanos; la cocaína, por ser identificada con los negros; y el opio, por ser una práctica de los orientales. Xenofobia y persecución de las drogas siempre se llevaron bien. Con el Gobierno de Carlos Menem, la Comisión creada en el Gobierno anterior desapareció y se creó, en 1989, la Secretaría de Coordinación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico. Durante este gobierno tampoco se hicieron investigaciones epidemiológicas fiables desde Sedronar. También en el año 1989 se debate y dicta la nueva Ley de Drogas, la Ley 23.737, la cual se encuentra vigente hasta hoy. Porque en 1988, se había realizado en Viena la Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, en la cual se pidió a los países firmantes que adoptaran las medidas que fueran necesarias para “tipificar como delitos penales conforme a su derecho interno (...) la posición, adquisición, o cultivo de estupefacientes para el consumo personal”. La historia de la política sobre drogas de Argentina está signada por el tironeo entre los que consideran delincuente al consumidor solo por su práctica de consumo de drogas ilegales y quienes se esfuerzan por quitarle ese rótulo y estigma para verlo como una persona con problemas de salud.
• • • 3 En este marco internacional en el que se sanciona la Ley 23.737, se colocó al consumidor de drogas ante dos alternativas:  Era un enfermo que se debía tratar compulsivamente,  O era un criminal merecedor de sanciones penales. Pero en 1986 la Corte Suprema emitió otro fallo sobre una situación similar al caso Bazterrica, ya referido, pero esta vez desde una perspectiva inversa. Posterior al fallo Montalvo el usuario de drogas quedó aquí definido casi como un microtraficante y como practicante de una conducta “contagiosa”, a lo que no se le debía dar “ventajas”. A través de Sedronar, en la década del 90’, se estimularon y fortalecieron las ONG dedicadas al tratamiento de los adictos a través de la internación en comunidades terapéuticas, sin fortalecerse a la par de ello el sistema estatal de atención de las adicciones. Las ONG ocuparon y ocupan un papel central en el desarrollo de las políticas públicas sobre drogas de nuestro país, en aquellos años, evolucionaron teórica y profesionalmente, y fueron sumando nuevas metodologías de intervención, como programas ambulatorios y casas de día. Los 90’ fueron una época en la que el fenómeno del narcotráfico comenzó a asentarse con más fuerza en nuestro país y los discursos que sostenían una “guerra contra las drogas” a la manera argentina cobraron mayor protagonismo. Los datos muestran que las incautaciones de drogas entre 1990 y el nuevo siglo tuvieron un notable crecimiento. Aunque siempre se discute si esto es un indicador de que hay menos droga en la calle o de que, en realidad, hay más droga circulando y, por ello, se incauta más. Hoy conocemos por investigadores como Alain Labrousse, estudios de Naciones Unidas y del Lic. Julio Calzada, entre otros, que la droga incautada en el mundo representa entre el 3 % y el 20 %. Que a partir de los 90 la droga circulante en Argentina se extendiera y aumentara significó la constitución de escenarios más complejos y contextos en los cuales los delitos de distribución y de venta de drogas explicaban la aparición de nuevas conductas violentas, sobre todo, para defender los territorios que ganaba el microtráfico. Y al aumentar la circulación de drogas, aumentaron también los tipos de drogas circulantes y bajaron también sus calidades. La representación social del consumidor de drogas como un consumidor adinerado o hippie de los 80 fue modificándose por el consumidor marginal y delincuente del nuevo siglo. En el año 2003, asumió como presidente Néstor Kirchner y, luego, en el 2007, Cristina Fernández de Kirchner. Durante la primera etapa de estos doce años de estos Gobiernos, las políticas sobre drogas siguieron a cargo de Sedronar. Durante este período fue impulsado el fortalecimiento del Observatorio Argentino sobre Drogas, a partir de cuyos estudios se determinó la creación de nuevas políticas. Una de las innovaciones de esta etapa, se iniciaron los estudios exploratorios para poner en marcha en TTD ya que comenzó a verse que, en la población carcelaria, las historias de vida con consumo de drogas eran muchos más altas que de la población general. En un estudio del 2012 en población penitenciaria se determinó que:  El 51,9 % había consumido cocaína por lo menos una vez en la vida (vs el 3,1 % en la población general)  Y el 64 % había consumido marihuana por lo menos una vez en su vida (vs el 9,2 % en la población general). Los Tribunales de Tratamiento de Drogas (TTD) son respuestas del Estado dentro del sistema penal, a quienes se encuentran sometidos a un proceso y padecen el consumo problemático de drogas. En este tipo de