Tiêu đề SIMULACRO 12 PMM 55 MARZO 2024 RESPUESTAS.pdf ✅

2 3. Según lo que establece el artículo 50 de la Ley Orgánica del Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía en relación con la anotación y cancelación de las sanciones disciplinarias, señale la respuesta correcta: A. Transcurridos seis meses desde el cumplimiento de la sanción si se tratara de faltas leves, o uno y tres años, según se trate de faltas graves o muy graves no sancionadas con separación del servicio, respectivamente, se acordará de oficio la cancelación de aquellas anotaciones, siempre que durante aquel tiempo no hubiese sido sancionado el interesado por hechos cometidos en esos mismos períodos. B. La cancelación producirá el efecto de anular la anotación sin que pueda certificarse sobre ella, salvo cuando lo soliciten las autoridades competentes para ello; en este caso, se hará constar expresamente la cancelación, pero a los efectos exclusivos de su expediente personal. Para el cómputo del plazo de cancelación será tenido en cuenta el tiempo en que la ejecución de la sanción hubiese estado suspendida. C. Las dos respuestas son correctas. Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía Artículo 50. Anotación y cancelación. 1. Las sanciones disciplinarias se anotarán en el registro de personal, con indicación de las faltas que las motivan. 2. Transcurridos seis meses desde el cumplimiento de la sanción si se tratara de faltas leves, o uno y tres años, según se trate de faltas graves o muy graves no sancionadas con separación del servicio, respectivamente, se acordará de oficio la cancelación de aquellas anotaciones, siempre que durante aquel tiempo no hubiese sido sancionado el interesado por hechos cometidos en esos mismos períodos. La cancelación producirá el efecto de anular la anotación sin que pueda certificarse sobre ella, salvo cuando lo soliciten las autoridades competentes para ello; en este caso, se hará constar expresamente la cancelación, pero a los efectos exclusivos de su expediente personal. 3. Para el cómputo del plazo de cancelación será tenido en cuenta el tiempo en que la ejecución de la sanción hubiese estado suspendida. 4. Según la Constitución Española los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados: A. Durante los diez días siguientes a su publicación en el Boletín Oficial del Estado. B. En el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación. C. Cuando así lo soliciten una décima parte de los diputados. Constitución Española Artículo 86 1. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general. 2. Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación. El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación, para lo cual el Reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario. 3. Durante el plazo establecido en el apartado anterior, las Cortes podrán tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia. 5. Señale la respuesta correcta según lo que dispone el artículo 117 de la Constitución Española: A. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la Ley. B. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, irresponsables y sometidos únicamente al imperio de la Ley. C. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, dependientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la Ley. Constitución Española Artículo 117 1. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. 2. Los Jueces y Magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley.
3 3. El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan. 4. Los Juzgados y Tribunales no ejercerán más funciones que las señaladas en el apartado anterior y las que expresamente les sean atribuidas por ley en garantía de cualquier derecho. 5. El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales. La ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución. 6. Se prohíben los Tribunales de excepción. 6. Según el artículo 159 de la Constitución Española los miembros del Tribunal Constitucional nombrados a propuesta del Senado: A. Serán cuatro, por mayoría absoluta de la Cámara. B. Serán cuatro, por mayoría de tres quintos de sus miembros. C. Serán dos por mayoría absoluta de cada Cámara. Constitución Española de 1978 Artículo 159. 1. El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. 7. Según dispone la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo en su artículo segundo, ¿cuál será la duración del mandato del Defensor del Pueblo?: A. Seis años. B. Cuatro años. C. Cinco años. Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo Artículo segundo. Uno. El Defensor del Pueblo será elegido por las Cortes Generales para un periodo de cinco años, y se dirigirá a las mismas a través de los Presidentes del Congreso y del senado, respectivamente. 8. Según el artículo 22 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, al Gobierno de la Comunidad de Madrid le corresponden las funciones: A. Ejecutivas y legislativas, así como el ejercicio de la potestad reglamentaria en materias no reservadas en este Estatuto a la Asamblea. B. Legislativas y administrativas, así como el ejercicio de la potestad reglamentaria en materias no reservadas en este Estatuto a la Asamblea. C. Ejecutivas y administrativas, así como el ejercicio de la potestad reglamentaria en materias no reservadas en este Estatuto a la Asamblea. Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid Artículo 22. 1. El Gobierno de la Comunidad de Madrid es el órgano colegiado que dirige la política de la Comunidad de Madrid, correspondiéndole las funciones ejecutivas y administrativas, así como el ejercicio de la potestad reglamentaria en materias no reservadas en este Estatuto a la Asamblea. 2. El Gobierno estará compuesto por el Presidente, el o los Vicepresidentes, en su caso, y los Consejeros. Los miembros del Gobierno serán nombrados y cesados por el Presidente. Para ser Vicepresidente o Consejero no será necesaria la condición de Diputado. 9. Según lo dispuesto textualmente en el artículo 10 del Código Penal son delitos: A. Las acciones dolosas o imprudentes penadas por la Ley. B. Las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la Ley. C. Las acciones u omisiones dolosas o imprudentes penadas por la Ley.
4 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, Código Penal Artículo 10. Son delitos las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley. 10. Según el artículo 137 de la Constitución Española gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses: A. Los Municipios y las Comunidades Autónomas. B. Las Comunidades Autónomas, los municipios, las provincias y los partidos judiciales. C. Los Municipios, las Provincias y las Comunidades Autónomas. Constitución Española de 1978 Artículo 137. El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. 11. El artículo 150.3 de la Constitución Española establece que el Estado podrá dictar Leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde la apreciación de esta necesidad: A. A las Cortes Generales, por mayoría simple de cada Cámara. B. Al Congreso por mayoría absoluta. C. A las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara. Constitución Española Artículo 150.3. El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad. 12. El artículo 70 bis de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local establece que los vecinos que gocen del derecho de sufragio activo en las elecciones municipales podrán ejercer la iniciativa popular, presentando propuestas de acuerdos o actuaciones o proyectos de reglamentos en materias de la competencia municipal. En municipios de hasta 5000 habitantes, dichas iniciativas deberán ir suscritas al menos por el siguiente porcentaje de vecinos del municipio: A. El 20 por ciento. B. El 15 por ciento. C. El 10 por ciento. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local Artículo 70 bis. Los vecinos que gocen del derecho de sufragio activo en las elecciones municipales podrán ejercer la iniciativa popular, presentando propuestas de acuerdos o actuaciones o proyectos de reglamentos en materias de la competencia municipal. Dichas iniciativas deberán ir suscritas al menos por el siguiente porcentaje de vecinos del municipio: a) Hasta 5.000 habitantes, el 20 por ciento. b) De 5.001 a 20.000 habitantes, el 15 por ciento. c) A partir de 20.001 habitantes, el 10 por ciento.