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Content text Manual Estandarizado Procedimental | LSPD


LOS SANTOS POLICE DEPARTMENT Confiamos en que este manual contribuya a fortalecer el sentido de pertenencia, la responsabilidad institucional y el compromiso con el servicio público que todo agente debe cultivar desde sus primeros pasos. CAPÍTULO I : DEBERES Y DERECHOS FUNDAMENTALES Este capítulo sienta las bases jurídicas que regulan la relación del personal policial con el Estado, estableciendo un marco de derechos y deberes que se derivan directamente de su condición de funcionarios públicos. La función policial, enmarcada dentro del principio de legalidad, requiere del conocimiento y respeto de los derechos fundamentales consagrados en el ordenamiento constitucional, así como del cumplimiento estricto de las obligaciones inherentes al cargo. Se abordan aspectos esenciales como el respeto y protección de los derechos humanos, el deber de obediencia jerárquica, el principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza, la obligación de trato digno hacia la ciudadanía, y el cumplimiento fiel de las órdenes y disposiciones reglamentarias. Asimismo, se establece la responsabilidad del agente en el desempeño ético, transparente y diligente de sus funciones, garantizando el respeto del interés público. La función policial está jurídicamente subordinada al respeto y garantía de los derechos fundamentales, tanto en su dimensión constitucional como en el marco de los tratados internacionales ratificados por el Estado. Este principio básico condiciona toda intervención policial y delimita el ejercicio legítimo de la autoridad pública. El reconocimiento de los derechos humanos es resultado de un proceso evolutivo que se remonta a las primeras declaraciones de derechos individuales, como la Declaración de Derechos de Virginia (1776) y la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789). Posteriormente, tras los abusos del siglo XX, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) consolidó un marco internacional de protección, estableciendo derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales como garantías universales frente al poder del Estado. En el contexto del Estado de San Andreas, y conforme a los principios del derecho internacional, el agente policial está obligado a proteger la vida, la integridad física, la libertad personal y el derecho a un debido proceso de todas las personas, incluso en situaciones de detención o intervención coercitiva. Uno de los elementos prácticos fundamentales en este marco jurídico es la correcta aplicación de los denominados Derechos Miranda, los Documento realizado por: Capitán III Luke Wallace

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